La Municipalidad toma medidas contra inspectores involucrados en polémicos hechos

Son dos los agentes de tránsito involucrados en diferentes casos.

En los últimos días La Dos dio a conocer diferentes hechos que tuvieron gran repercusión en Corrientes y en la que los protagonistas fueron dos inspectores de Tránsito pertenecientes al municipio correntino.

Uno de los casos involucró a un agente que según denunció, Martín Beniaga, en su cuenta de Facebook, el agente le secuestró su motocicleta luego de que no le diera $1000 solicitado por el inspector.

En otra situación de gran alcance y que quedó registrado en un video, a un hombre se lo observa cargando nafta en una botella desde la moto perteneciente al servicio de Tránsito.

Sobre esas cuestiones, este medio dialogó con Lisandro Rueda, subsecretario de Transporte, quien al respecto aseguró que desde la Municipalidad “investigarán los hechos” y que harán un “sumario administrativo correspondiente” por el inspector que fue denunciado en las redes por pedir coima a un motociclista.

Expertos en derecho administrativo, sostienen que el inspector de tránsito municipal cumple una función esencial en la organización y seguridad vial de la ciudad. Su tarea principal es controlar el cumplimiento de las normas de tránsito, prevenir accidentes y garantizar el orden en la vía pública. Para ello, está facultado a realizar controles de documentación, verificar el uso de casco, cinturón de seguridad y demás medidas obligatorias, siempre dentro del marco legal y con respeto hacia los ciudadanos. Sin embargo, el ejercicio de esta función no le otorga la potestad de exigir dinero, favores o beneficios indebidos, ya que ello constituye una grave falta administrativa y un delito tipificado en el Código Penal.

Por otra parte, especialistas en derecho penal, sostienen que solicitar dádivas o dinero a cambio de evitar sanciones configura el delito de cohecho, que se produce cuando un funcionario público recibe o exige un beneficio económico para realizar —o dejar de realizar— un acto propio de sus funciones. Ante estas irregularidades, el ciudadano debe negarse a efectuar cualquier pago indebido y denunciar el hecho ante las autoridades competentes, ya sea en la Municipalidad, en la Fiscalía o en organismos de control. De esta manera, se protege no solo su derecho individual, sino también el interés colectivo de contar con instituciones transparentes y confiables.

Fuente: Radio Dos.